domingo, 28 de agosto de 2011

Medidas de ahorro en el sistema de seguridad pública. La "police caution".

Police Caution: la amonestación policial como alternativa a la judicialización de las faltas penales.

Economía procedimental y economía de recursos. En la actual situación de crisis económica, ante el continuo riesgo de colapso de la Administración de Justicia y una demanda de servicios policiales insostenible, cualquier medida tendente a reducir costes y burocracia en el sistema penal y el sistema de seguridad debería ser bienvenida.

Hoy por hoy, hablar en este país de despenalizar es una batalla perdida ante el avance en los últimos años del populismo punitivo. Ello implicaría un esfuerzo de cambio de mentalidades, de pedagogía desde los poderes públicos, de consenso social, cuyos costes electorales no estarían dispuestos a asumir los partidos políticos, en continuo plebiscito público y con estrategias cortoplacistas.

Descartada, de momento, la propuesta de despenalizar ciertos tipos ilícitos, una propuesta que puede introducir racionalidad en el sistema penal para la sanción de las faltas (y también de algunos pequeños delitos, es la figura jurídica de la amonestación o advertencia (la police caution del Common Law anglosajón).

Dado que, por lo general, las faltas son muy simples de tratar desde el punto de vista procesal, sería de muy fácil aplicación la medida alternativa a la sanción penal consistente en la amonestación policial.


¿En qué consiste la police caution?

Una police caution es una advertencia o amonestación policial a la que se puede recurrir como fórmula alternativa para el enjuiciamiento de casos penales de menor importancia y que es administrada directamente por la policía en Inglaterra y Gales. Se utiliza para resolver aquellos supuestos en que la acción judicial ordinaria no resulta una solución adecuada.

De acuerdo con el Home Office (Ministerio de Interior británico), una police caution es una advertencia formal dada por la policía a las personas mayores de edad que admiten su culpabilidad por la comisión, por primera vez, de un delito menor, como actos vandálicos o hurto.

Esta advertencia policial constituye un antecedente penal y, por tanto, puede ser considerado en un tribunal en el caso de que el delincuente sea juzgado por un delito similar dentro del plazo de prescripción del delito.

De acuerdo con la legislación británica, la police caution se puede administrar de dos formas: como una amonestación simple o como una amonestación condicional, que obliga al delincuente a cumplir, por ejemplo, con medidas tales como asistir a un curso.

Con el fin de salvaguardar los intereses del delincuente, deben cumplirse las siguientes condiciones:
- debe haber pruebas de culpabilidad suficientes;
- el delincuente tiene que admitir el delito;
- el delincuente debe dar su consentimiento para ser amonestado.

No cabe duda de que una medida como la amonestación policial puede cumplir con la función de prevención general, sin perder la función simbólica de la aplicación del Derecho penal, pero implicando un importante ahorro procesal y de recursos.

El sistema policial, al menos en Catalunya, está plenamente preparado para aplicar un sistema penal alternativo como el de la police caution. De hecho, el SIP (Sistema d’Informació Policial del Departament d’Interior) está más preparado que el tantas veces anunciado sistema informático de la Administración deJusticia.


Para más información sobre la police caution en el Reino Unido, puedes consultar (en inglés) la guía editada por el HomeOffice para la policía y los fiscales sobre el uso de la caution y los siguientes enlaces de interés:

> Guidance to PoliceOfficers and Crown Prosecutors Issued by the Director of Public Prosecutions under S37A of the Police and Criminal Evidence Act 1984. Third Edition: February 2007.
> Tinoco Pastrana, Ángel. Fundamentos del sistema judicial penal en el Common Law. Universidad de Sevilla. 2001
>Artículo sobre Police caution en Wikipedia. 

viernes, 12 de agosto de 2011

NEGocio nocturno

Los titulares de la prensa de estos días se han hecho eco de los desórdenes causados las últimas noches en Lloret de Mar por hordas de jóvenes turistas – en su mayor parte, borrachos.

El escenario no es nuevo, y el revuelo mediático y político veraniego, tampoco. Ya en 2004 se agudizó esta polémica cuando, a raíz de otros incidentes similares, la entonces consellera de Interior, Montserrat Tura, etiquetó este fenómeno vandálico como “turismo de borrachera”.

Entonces, como ahora, se sucedieron las reacciones políticas y las recetas al problema. Y, como ahora, las administraciones hicieron propósito de enmienda.

Pero el fenómeno del ocio nocturno y su combinación con el turismo de fiesta y alcohol es muy complejo como para reconducirlo con medidas clásicas del tipo: “más policía, modificación de ordenanzas municipales o campañas de información y sensibilización”.

La fiesta descontrolada está en el ADN de la cultura festiva de estos lares. ¿Cuántas de las declaradas “fiestas tradicionales” no son sino la conmemoración de los excesos de algunas sonadas “quintadas”? Recuerdo un artículo de Muñoz Molina en El País Dominical en el que daba un repaso a este bestiario nacional que son las fiestas populares, encumbradas al rango de “oficiales” por los ayuntamientos.

Volviendo a Lloret de Mar y a este agosto de 2011, la receta para – en palabras de su alcalde – “declarar la guerra al turismo de borrachera” es modificar las ordenanzas municipales para poner orden, con medidas como controlar que los locales no vendan alcohol a menores, prohibir la prostitución en la calle y obligar a las discotecas a cerrar antes.

Ninguna de esas medidas parece que requiera de nueva normativa, porque ya hace muchos años que está prohibida la venta de alcohol a menores y los horarios de las discotecas están perfectamente regulados. Lo de la prostitución callejera, supongo es que es por aquello de que “aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid”.

De momento, como siempre, lo que debería ser la última ratio, el último recurso: la policía, está siendo el primero, único y maltratado recurso. No puede ser que las administraciones no adopten medidas y controles previos para evitar riesgos más que probables y que casi siempre se confíe la solución de todos los problemas a la policía.